E il mio maestro mi insegnò
com’è difficile trovare
l’alba dentro l’imbrunire
FRANCO BATTIATO
El curso académico 2025-2026 concluye dejando un sabor amargo a los trabajadores de la enseñanza pública vasca. Mientras la administración insiste en hablar de innovación, calidad y modernización, en los centros se vive una realidad muy distinta. La burocracia sigue creciendo, las condiciones de trabajo empeoran y los recursos disminuyen progresivamente, al tiempo que una parte creciente del dinero público acaba reforzando intereses privados. Una pregunta resulta acuciante: ¿qué modelo educativo está construyendo este gobierno?
Nada de lo que ocurre en las aulas puede entenderse como un fenómeno aislado. Forma parte de una dinámica más amplia que afecta al conjunto de los servicios públicos. Educación, sanidad y otros ámbitos esenciales sufren el mismo proceso silencioso de recortes encubiertos, imposiciones verticales, debilitamiento de lo público y pérdida gradual de derechos. Ante esta situación, desde CNT Ezkerraldea consideramos necesario realizar un balance crítico.
Privatización omnívora: la escuela pública en la cadena trófica del capitalismo
En nuestros centros escolares seguimos escuchando grandilocuentes declaraciones sobre excelencia educativa, mientras las aulas continúan masificadas, las plantillas cambian constantemente y muchos centros trabajan con recursos insuficientes. Mientras tanto, la salud laboral del profesorado se deteriora. Las mejoras anunciadas no llegan y los compromisos adquiridos se retrasan, se vacían de contenido o simplemente se incumplen.
Esta situación no puede entenderse al margen de una política educativa diseñada durante años por responsables estrecha y personalmente vinculados a la enseñanza privada. Por eso la escuela pública pierde aulas, oferta educativa y capacidad de actuación frente a una red concertada que conserva o incluso refuerza su financiación pública.
La ofensiva contra determinados bachilleratos, especialmente los artísticos, ejemplifica perfectamente esta lógica. Se cuestiona la continuidad de programas públicos consolidados mientras se favorece simultáneamente la implantación de ofertas similares en centros concertados. No estamos ante decisiones aisladas, sino ante una orientación política sostenida y coherente que desplaza progresivamente recursos y alumnado hacia la red privada financiada con dinero público.
Todo ello se presenta bajo el lenguaje amable de la modernización. Sin embargo, modernizar parece consistir en destinar cada vez más recursos a la concertada mientras la escuela pública sigue asumiendo la parte más compleja y exigente de la función educativa. Es la pública la que continúa acogiendo a quienes más apoyo necesitan y la que soporta el grueso de las responsabilidades sociales del sistema.
Por eso no nos situamos tampoco ante un debate técnico. Lo que está en juego es nuestro modelo de sociedad. Cuando se normaliza que la concertada reciba más financiación mientras la pública pierde centralidad, lo que está cambiando es la propia idea de la educación como derecho universal.
El calvario de la educación pública
El día a día de los centros públicos desmiente buena parte de los discursos institucionales. Las ratios siguen siendo elevadas, la inestabilidad continúa marcando las plantillas y cada nuevo programa, evaluación o iniciativa administrativa añade más trabajo y no resuelve los problemas de fondo.
Especialmente preocupante resulta el tema de la salud laboral. Desde CNT Ezkerraldea denunciamos la ausencia de una actuación seria frente a los riesgos psicosociales que afectan al profesorado. Cada vez son más frecuentes el agotamiento, la ansiedad o las bajas derivadas del estrés. En este sentido, las evaluaciones realizadas durante este curso se han limitado a cuestionarios generalistas externalizados, incapaces de analizar seriamente cómo influyen en los trabajadores las cargas lectivas excesivas, la falta de personal de apoyo o la creciente complejidad de los grupos.
A ello se suma la incertidumbre derivada del acuerdo firmado el curso pasado por determinados sindicatos con la administración. Muchas de las medidas pactadas continúan sin aplicarse de forma clara ni cuentan con calendarios transparentes a tal efecto. El profesorado continúa sin notar cambios significativos en sus condiciones de trabajo, lo que alimenta una lógica desconfianza hacia una administración que acostumbra a anunciar compromisos que posteriormente retrasa o incumple.
Tampoco han contribuido a generar estabilidad decisiones como la desaparición o transformación de programas históricos como IRALE, que durante décadas ha desempeñado un papel fundamental en la euskaldunización del profesorado. Del mismo modo, iniciativas como Hezi+ han sido introducidas sin información suficiente, sin procesos reales de participación colectiva y condicionando aspectos importantes de las condiciones laborales.
Mientras tanto, el profesorado se encuentra cada vez más sometido a currículos inabarcables, a una burocratización creciente y a una presión constante para adaptarse a nuevas metodologías, tecnologías y reformas pedagógicas que se suceden unas a otras sin tiempo material para ser comprendidas, evaluadas o integradas en la práctica.
Todo ello erosiona la autonomía profesional. Cada vez resulta más difícil reflexionar sobre la propia práctica, desarrollar proyectos educativos con identidad propia o ejercer la profesión con criterios pedagógicos sólidos. Se transmite la idea de que enseñar consiste únicamente en cumplir procedimientos, cuando en realidad la educación sigue siendo una herramienta esencial para transformar la sociedad.
Especialmente grave ha sido también la decisión de instalar cámaras en las aulas. Esta medida se ha impulsado sin consenso suficiente, sin información transparente y sin contar con la aprobación de la comunidad educativa. Además de generar dudas jurídicas muy serias, supone una tendencia preocupante hacia el control y la vigilancia en espacios que deberían estar orientados al aprendizaje y a la confianza mutua.
Clausura y cierre de lo público
Uno de los hechos más preocupantes del curso ha sido la intención de eliminar o reorganizar etapas educativas en diversos centros públicos. Casos como el de Txurdinaga Behekoa muestran con claridad una política que debilita la red pública bajo argumentos aparentemente técnicos.
Estos proyectos educativos no desaparecen porque hayan fracasado. Desaparecen porque se decide que no merece la pena mantenerlos. Y esa decisión es política, no técnica.
El discurso sobre la “falta de demanda” tampoco resiste un análisis serio. Resulta difícil defender tal argumento cuando durante años no se ha garantizado una oferta pública equilibrada en todos los territorios. Primero se limita la oferta y después se utiliza la reducción de matrícula como justificación para nuevos recortes. La disminución de la natalidad, asimismo, podría haberse aprovechado para reducir ratios, mejorar la atención educativa y dignificar las condiciones de trabajo. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido cerrar líneas, fusionar centros y recortar recursos.
Mientras tanto, la red concertada permanece al margen de estos ajustes. Allí no parecen existir las mismas urgencias reorganizadoras ni las mismas preocupaciones por la eficiencia. Por eso insistimos que la cuestión de fondo no es técnica, sino política: ¿por qué los ajustes recaen sistemáticamente sobre la educación pública?
Lo que está en juego va mucho más allá de algunos centros concretos. Poco a poco se configura un sistema educativo donde el entorno en el que se nace condiciona cada vez más las oportunidades disponibles. Reducir opciones de Bachillerato o Formación Profesional superior en determinados entornos populares implica limitar horizontes educativos y reforzar desigualdades sociales preexistentes.
La educación pública debería garantizar precisamente que el origen social no determine ni el futuro de las personas ni el de la sociedad en su conjunto. Porque excluir a una parte de la sociedad de la posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades constituye la garantía final para una sociedad donde no rijan los principios de libertad y de igualdad.
Otro sindicalismo, sí, es posible (también en educación)
Frente a esta clara deriva autoritaria y privatizadora general, desde CNT Ezkerraldea seguimos defendiendo una forma diferente de hacer sindicalismo. Un sindicalismo construido desde abajo, basado en la participación directa, las asambleas y el apoyo mutuo.
No creemos que la educación pública vaya a defenderse desde despachos alejados de las aulas ni mediante estructuras jerárquicas que sustituyan la voz de quienes trabajan. La fuerza para defender nuestros derechos y nuestros servicios públicos reside en la organización colectiva de las propias trabajadoras y trabajadores.
Necesitamos una educación basada en el apoyo mutuo, la autogestión y el antiautoritarismo. Una educación que combata las desigualdades en lugar de reproducirlas. Nada de lo que estamos viviendo es inevitable. Nada de ello es un destino.
Porque la educación sigue siendo una herramienta fundamental para romper las cadenas de la ignorancia, la dominación y la desigualdad. Y porque defender la educación pública significa también defender el conjunto de los servicios públicos.
Defendamos la educación pública desde abajo, con la fuerza de quienes la hacen posible cada día.
CNT EZKERRALDEA
Afíliate. Organízate. Lucha.
